Aunque el mundo de las tarjetas y los pagos electrónicos sean cada vez más comunes, en México, el uso de efectivo sigue siendo el método de pago predominante, especialmente entre la población que no tiene acceso a servicios financieros formales como los bancos. A pesar de la creciente adopción de medios electrónicos, se estima que esta tendencia continuará hasta al menos 2027, según el Banco de México. El 19% de los mexicanos depende exclusivamente del efectivo para realizar sus transacciones del día a día, lo que resalta la importancia de contar con diversas opciones para pagos, depósitos y retiros en tiendas.
Recientemente, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con los servicios de pagos, depósitos y retiros de efectivo en tiendas de autoservicio. La investigación se centra en la posible imposición de **exclusividades ilegales** por parte de alguna empresa dominante en el mercado, lo que podría estar afectando la capacidad de otras empresas para competir y limitaría las opciones para los consumidores.
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La Cofece subrayó que cuando una empresa dominante establece exclusividades, obliga a sus proveedores o comercializadores a utilizar únicamente sus servicios, lo que limita la participación de competidores y puede mantener a los consumidores cautivos a precios más elevados. Esta falta de competencia puede perjudicar a los consumidores, especialmente a aquellos que dependen del efectivo como única forma de pago.
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Si se confirma que alguna empresa ha implementado estas prácticas anticompetitivas, podría enfrentar sanciones económicas severas, que incluyen multas de hasta el 8% de sus ingresos anuales. Además, los directivos involucrados podrían ser inhabilitados durante un período de hasta cinco años.
El organismo también señaló en un comunicado sobre la relevancia de garantizar que los mexicanos, particularmente aquellos sin acceso a servicios bancarios, tengan diversas opciones para realizar pagos, depósitos y retiros. Estas alternativas promueven la inclusión financiera y obligan a las instituciones financieras a mejorar sus servicios, ofrecer mayor transparencia y reducir costos. Esta investigación busca asegurar un mercado justo donde las exclusividades ilegales no perjudiquen a los consumidores ni a la competencia. Al final del proceso, si se comprueba una violación, las empresas responsables podrían enfrentar fuertes sanciones, garantizando así un acceso más equitativo a servicios financieros para la población.
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