La Ciudad de México dio un paso significativo hacia la protección de los derechos de los arrendatarios con la reciente reforma a la Ley de Vivienda y al Código Civil local, enfocada en frenar los aumentos excesivos en las rentas. Estas modificaciones, publicadas en la Gaceta Oficial el 28 de agosto de 2024, fueron impulsadas por el jefe de Gobierno, Martí Batres, y aprobadas por unanimidad en el Congreso de la Ciudad de México.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del Artículo 2448 D del Código Civil, ahora establece que el aumento anual de las rentas no podrá ser superior al índice de la inflación.
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Esta medida tiene como objetivo frenar los incrementos desproporcionados en los precios de arrendamiento que, en el pasado, han superado en varias ocasiones la inflación, como ocurrió durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, cuando las rentas aumentaron hasta ocho veces más que la inflación.
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Además de limitar los aumentos de renta, la reforma introduce la obligación de registrar digitalmente todos los contratos de arrendamiento. Este registro, que deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato, busca brindar mayor certidumbre tanto a los inquilinos como a los propietarios, asegurando que los acuerdos de arrendamiento estén formalmente documentados y supervisados por las autoridades.
Otro aspecto destacado de la reforma es la incorporación de la Fracción XVII en el Artículo primero de la Ley de Vivienda, que obliga al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar la producción pública de vivienda asequible para las personas de menores ingresos. Este enfoque en la vivienda social respondería a la urgente necesidad de ofrecer soluciones habitacionales a las clases populares, que han sido las más afectadas por la falta de oferta de vivienda asequible en la ciudad.
Martí Batres subrayó que el cumplimiento de esta reforma requerirá un esfuerzo considerable por parte de la próxima administración, encabezada por Clara Brugada, quien tendrá la tarea de impulsar la construcción masiva de vivienda popular para arrendamiento. Con esto se pretende equilibrar la oferta y demanda de vivienda, pra proteger a las familias más vulnerables de los incrementos abusivos en los alquileres.
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