Congreso de CDMX aprueba tope al aumento en las rentas de departamentos y casas

El Congreso de la Ciudad de México dio un paso significativo en materia de vivienda al aprobar una reforma que pone un límite al incremento de las rentas en la capital. Con 57 votos a favor, los legisladores buscan proteger a los arrendatarios de aumentos desproporcionados, estableciendo que el alza no podrá superar la inflación reportada por el Banco de México del año anterior.

Esta reforma modifica el Código Civil y la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, respondiendo a una problemática que afecta a miles de personas que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible. Además, contempla la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento y promueve la producción pública de viviendas para sectores vulnerables.

Aunque la iniciativa fue bien recibida por la mayoría, algunos diputados señalaron que estas medidas son sólo un paliativo y que se requiere una estrategia más integral para abordar la crisis de vivienda en la ciudad. Sin embargo, este avance representa un esfuerzo por garantizar el derecho a la vivienda y proteger a los más necesitados.

¿De qué trata la aprobación reciente a la reforma en materia de vivienda? 

La reforma aprobada establece que el incremento de las rentas en la Ciudad de México nunca deberá ser mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior. Esto modifica la disposición anterior que permitía un aumento de hasta el 10% anual, brindando así mayor protección a los inquilinos frente a incrementos excesivos y desproporcionados.

Además, se introdujo la obligación para los arrendadores de registrar digitalmente sus contratos de arrendamiento en un plazo no mayor a 30 días después de su celebración. Este registro estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y busca brindar mayor transparencia y seguridad jurídica tanto para arrendadores como para arrendatarios, facilitando la resolución de posibles conflictos.

La reforma también incluye la promoción de la producción pública de viviendas en arrendamiento asequible. Esto implica que el gobierno capitalino destinará recursos públicos para la construcción de viviendas destinadas a personas de bajos ingresos, jóvenes entre 18 y 35 años, madres solteras y trabajadores, garantizando así el acceso a una vivienda digna para sectores tradicionalmente marginados.

Aún se necesita hacer más para garantizar vivienda accesible 

Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, destacó que estas reformas abordan una problemática de "larga data" en la ciudad, ofreciendo soluciones concretas para mejorar el acceso a la vivienda. Subrayó que la limitación al aumento de rentas y la creación del registro digital fortalecerán la protección de los derechos de los inquilinos.

Por otro lado, algunos diputados de la oposición expresaron que, aunque reconocen el avance que representa esta reforma, consideran que es insuficiente para resolver la crisis habitacional de la Ciudad de México. La diputada Gabriela Salido, del PAN, señaló que estas medidas son "reformas cosméticas" y que se requiere una planeación estratégica más profunda para abordar el problema de raíz.

El diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, coincidió en que la iniciativa es un paso importante pero insuficiente. Hizo hincapié en la necesidad de construir una política integral de vivienda que garantice precios accesibles y evite la expulsión de los jóvenes y sectores vulnerables hacia la periferia de la ciudad.

¿Qué significa esta aprobación para los mexicanos? 

La aprobación de esta reforma representa un esfuerzo por equilibrar el mercado de arrendamiento y proteger a los inquilinos de prácticas abusivas. Al limitar los incrementos de renta a la inflación y promover la construcción de viviendas asequibles, se busca facilitar el acceso a una vivienda digna y reducir la desigualdad habitacional en la capital.

La implementación del registro digital de contratos también contribuirá a una mayor transparencia en las relaciones de arrendamiento, facilitando la supervisión y el cumplimiento de las leyes vigentes. Esta herramienta permitirá al gobierno monitorear el mercado de rentas y diseñar políticas más efectivas basadas en datos reales y actualizados.

Sin embargo, es evidente que se requieren esfuerzos adicionales y una estrategia más integral para abordar los desafíos habitacionales de la Ciudad de México. La colaboración entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil será fundamental para desarrollar soluciones sostenibles que garanticen el derecho a la vivienda para todos los habitantes de la ciudad.

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