El día de ayer la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que busca proteger los derechos del consumidor al comprar boletos de conciertos y otros eventos en México, la cual se da tras la controversia que boleteras como Ticketmaster han detonado por cargos de servicio excesivos, reventa ilegal, reembolso por cancelación y preventa exclusiva con determinada tarjeta de crédito, siendo este último punto el que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha catalogado como discriminatoria.
Durante la sesión de dicha comisión, la reforma presentada hace hincapié en varias cuestiones que han puesto en desventaja a los consumidores finales en los últimos años durante los proceso de venta de boletos para espectáculos en el país, misma que fue motivada por el descontento cada vez más frecuente de los fans ante precio exhorbitantes, falta de claridad en su selección de registros, como sucedió recientemente con las entradas para los shows de Taylor Swift, así como por las denuncias en redes sociales por tener menos posibilidad de acceder a un ticket por falta de una tarjeta bancaria.
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Mientras esta reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor se discute en el pleno de la Cámara de Diputados, la Profeco ya emprendió acciones en contra de aquellas boleteras que, como Ticketmaster, tiene a la preventa exclusiva con ciertos bancos y tarjetas como parte de su proceso de venta, la cual reduce la posibilidad de que más personas o fans puedan acceder a una entrada para ver a su artista favorito.
Profeco va contra preventa exclusiva para boletos de conciertos con tarjeta de crédito; la llama discriminatoria
En entrevista con N+, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que la preventa de boletos para conciertos es un acto de discriminación, además de un privilegio que obliga a muchas personas a comprar una determinada tarjeta de crédito.
Tú pagas por ese servicio financiero dos, tres mil, hasta cuatro o cinco mil pesos anuales por esa tarjeta y mucha gente la compra no porque quiera usarla, sino porque quiere acceder al concierto de algún artista. Y con esa maña lo hacen las boleteras. Es claramente una discriminación. Lo mismo daría que dijera que solo le venden boletos a los que tengan ojos verdes, o a los que midan más de 1.70, o a los que sean de Oaxaca o Chihuahua. Es una discriminación.
Afirmó que la preventa exclusiva de boletos para conciertos, como la realizada por Ticketmaster y Superboletos, es una falta grave al derecho humano del consumo, así como a las reglas del mercado de ese libre comercio que debe existir, por lo que dejó claro que las boleteras no la deben llevar a cabo.
Ante esto Ricardo Sheffield aseguró que ya se inició un proceso legal en contra de Ticketmaster, acción que ya se encuentra en los tribunales, medida que de igual forma se aplicará para Superboletos, ya que ambos utilizan el mismo esquema de venta. Explicó que los bancos que emiten las tarjetas que son requeridas para dicha preventa les pagan a la boleteras por tener esa exclusividad, dinero que en muchas ocasiones lo utilizan para publicitar los conciertos o para aumentar sus ganancias, obligando al consumidor final a adquirir un servicio, que no necesariamente desea, pero que lo hace para estar en condiciones de comprar boletos.
El 6 de junio del año en curso, es decir, un par de días antes de la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la que buscan regular a las boleteras en México, igualmente en una reunión con la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, Ticketmaster fue categórico al señalar su inconformidad ante las medidas y soluciones que los legisladores propusieron para beneficio de los fans, entre ellas prescindir de la preventa, a la cual se opusieron argumentando que perderían sus patrocinios, provocando que los eventos como conciertos fueran inviables financieramente hablando.
Además de esta oposición, la boletera propiedad de OCESA también estuvo en desacuerdo ante los topes a cargos por servicio, a la prohibición de precios dinámicos, entre otras acciones que hasta la fecha lleva a cabo y con las cuales se perjudica al público.
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