La propuesta de reforma conocida como "Simplificación Orgánica" generó un acalorado debate en la Cámara de Diputados de México. Esta iniciativa busca eliminar siete organismos autónomos que actualmente desempeñan funciones cruciales en la regulación, transparencia y supervisión de distintos sectores en el país.
La propuesta ha sido aprobada en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales con 22 votos a favor y 17 en contra, lo que marca el inicio de un proceso legislativo que podría transformar significativamente la estructura administrativa de México.
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¿Cuáles son los 7 organismos autónomos en riesgo de desaparición por la "simplificación orgánica"?
1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI):
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Este organismo se encarga de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. La propuesta busca transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control del poder Legislativo y Judicial. La responsabilidad sobre la transparencia de los partidos políticos sería trasladada al Instituto Nacional Electoral (INE).
2. Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
La Cofece, cuya misión es promover la competencia y evitar prácticas monopólicas, podría ver sus funciones absorbidas por la Secretaría de Economía. Esto sucitó preocupaciones sobre la independencia en la regulación de los mercados y la protección de los consumidores.
3.Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión, sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La desaparición del IFT podría impactar la regulación independiente y la competencia en uno de los sectores más dinámicos y estratégicos del país.
4. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
Coneval es clave en la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales. De aprobarse la reforma, sus funciones serían transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
5. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
La CNH regula la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Según la reforma, sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía, lo que podría centralizar aún más la toma de decisiones en el sector energético.
6. Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Al igual que la CNH, la CRE regula diversas actividades en el sector energético, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Energía.
7. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
Esta comisión se encarga de evaluar y mejorar la calidad del sistema educativo en México. La propuesta plantea que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que podría limitar la independencia en la evaluación de políticas educativas.
¿Qué argumentos se tienen para la eliminación de estos 7 organismos?
El Gobierno Federal justifica la eliminación de estos organismos bajo el argumento de reducir gastos innecesarios y eliminar duplicidades funcionales. Según los datos presentados, entre 2018 y 2024 se asignaron más de 32 mil millones de pesos a estos organismos, recursos que, según los defensores de la reforma, podrían utilizarse de manera más eficiente en programas sociales, como las pensiones para adultos mayores.
Sin embargo, la oposición denunció que esta medida representa un intento por debilitar los contrapesos institucionales y concentrar el poder en el Ejecutivo. Argumentaron que la desaparición de estos organismos podría llevar a una regresión en la vida democrática de México, afectando la transparencia, la competencia económica, la regulación energética y la evaluación de políticas sociales.
La propuesta de reforma aún debe ser discutida en lo particular, donde se han presentado alrededor de 75 reservas por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Esto sugiere que la discusión será extensa y detallada, y es probable que continúe generando controversia en el ámbito político y social. Según algunos expertos, la eventual desaparición de estos organismos podría tener consecuencias profundas para la estructura administrativa del país y la forma en que se gobiernan sectores clave.
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