A casi tres semanas de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, vigente desde el 9 de abril de 2026, establece un nuevo marco jurídico para impulsar proyectos en sectores clave mediante la participación coordinada de inversión pública, privada y social.
De acuerdo con el decreto federal, la ley tiene como objetivo regular los mecanismos de inversión para el desarrollo de infraestructura pública estratégica, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y programas prioritarios del gobierno, en áreas como transporte, agua, energía, salud, educación, medio ambiente e infraestructura urbana.
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Posibilidad de estructurar esquemas de coinversión
Uno de los elementos centrales del nuevo marco es la posibilidad de estructurar esquemas de coinversión, en los que el Estado puede participar de forma mayoritaria, minoritaria o paritaria, sin perder la propiedad de los activos ni la rectoría de los proyectos, lo que busca atraer capital sin comprometer el control estratégico.
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Asimismo, la legislación contempla la creación de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, órgano encargado de evaluar la viabilidad, elegibilidad y prioridad de los proyectos, así como la implementación de evaluaciones obligatorias para garantizar su impacto económico y social.
Utilización de vehículos de propósito específico
El marco también prevé la utilización de vehículos de propósito específico, como fideicomisos o fondos, para canalizar recursos hacia proyectos considerados estratégicos, los cuales deberán cumplir criterios de viabilidad financiera, impacto social y sostenibilidad, sin que su aprobación implique automáticamente la asignación de recursos públicos.
En este contexto, el ingeniero Humberto Armenta, especialista en infraestructura hidráulica y presidente del Consejo de Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), considera que este tipo de instrumentos representan una oportunidad para seguir impulsando proyectos de infraestructura en México mediante esquemas más flexibles de financiamiento.
Importancia de la incorporación de inversión mixta
El especialista señala que la incorporación de inversión mixta permite ampliar la capacidad de ejecución en sectores donde la demanda supera los recursos públicos disponibles, particularmente en áreas como el agua, la energía y el transporte.
Armenta, quien también es autor de la serie de libros Financiamiento de la Infraestructura Hidráulica y la Gestión Hídrica, destaca que otro avance relevante es el fortalecimiento de la planeación institucional, al incorporar mecanismos más claros de evaluación y seguimiento de proyectos.
“Avanzar hacia estructuras más claras de planeación y control es un paso en la dirección correcta”, ha señalado, al referirse a la creación del Consejo de Planeación Estratégica y a los nuevos esquemas de evaluación contemplados en la ley.
¿De qué depende la efectividad del nuevo marco?
Armenta indica, que la efectividad del nuevo marco dependerá de su implementación, ya que aún se encuentran pendientes lineamientos secundarios y reglas operativas que definirán el alcance real de los proyectos.
De acuerdo con información oficial, la ley también se articula con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de garantizar que los proyectos se desarrollen bajo criterios de disciplina fiscal y sostenibilidad financiera.
Decreto firmado por Claudia Sheinbaum
Cabe mencionar que, al inicio de esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para la autorización inmediata de inversiones para incentivar a la iniciativa privada.
Los proyectos elegibles para este beneficio deberán desarrollarse en un Polo del Bienestar, cuyo monto de inversión sea de al menos 2.000 millones de pesos, o ejecutarse en alguno de los sectores estratégicos, como el eléctrico, los semiconductores, el automotriz, farmacéutico o, desde luego, la infraestructura hidráulica, entre otros.
Se busca el impacto directo en el desarrollo económico y social
Este hecho servirá como punta de lanza para impulsar proyectos y, por ende, se refuerza con la incorporación de las adecuaciones en dicha ley.
En términos de alcance, el nuevo marco busca detonar infraestructura con impacto directo en el desarrollo económico y social, al priorizar proyectos que mejoren la conectividad, el acceso a servicios básicos y la calidad de vida de la población. “Al final, el valor de la infraestructura se mide en el impacto que genera en la vida de las personas”, señala Armenta.
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