En un esfuerzo por eliminar las barreras de acceso al mercado laboral, se ha presentado formalmente en el Senado de la República una iniciativa de ley que busca prohibir a las empresas e instituciones empleadoras la revisión del historial crediticio de los candidatos que quieren conseguir empleo.
La propuesta argumenta que el estatus financiero de una persona en el Buró de Crédito no guarda relación alguna con sus capacidades profesionales, habilidades o ética de trabajo.
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Esta iniciativa ha sido impulsada por senadores del PRI
Actualmente, muchas empresas en México incluyen la consulta del Buró de Crédito como parte de sus procesos de reclutamiento, especialmente para puestos administrativos o financieros.
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Senadores del PRI, impulsores de la iniciativa, señalan que esta práctica es discriminatoria y genera un círculo vicioso: una persona no puede pagar sus deudas porque no tiene empleo, y no puede conseguir empleo porque tiene deudas registradas en su historial.
“El uso del historial crediticio como filtro de contratación genera una forma de discriminación indirecta basada en la condición económica de las personas”, mencionan en la propuesta.
El derecho al trabajo es una garantía constitucional
La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo explícitamente que solicitar el historial crediticio será considerado una práctica de exclusión.
Los legisladores sostienen que el derecho al trabajo es una garantía constitucional que no debe estar supeditada a la solvencia económica previa del trabajador, protegiendo así la dignidad de quienes han pasado por crisis financieras.
“El Estado tiene la obligación de garantizar que los procesos de contratación se rijan por criterios objetivos, razonables y directamente vinculados con las capacidades de las personas”, aseguran.
Consulta del Buró de Crédito es incompatible con estándares internacionales
Según la propuesta presentada en el Senado, la consulta del historial crediticio para fines de reclutamiento resulta incompatible con los estándares internacionales de derechos fundamentales. Se argumenta que este requisito actúa como un filtro discriminatorio, perpetuando un ciclo de marginalidad financiera al impedir que los ciudadanos con deudas accedan a las fuentes de ingresos necesarias para liquidarlas.
“Esta práctica produce un efecto particularmente nocivo: limita el acceso al empleo formal de quienes ya enfrentan dificultades económicas, perpetuando un círculo de exclusión en el que la falta de empleo impide mejorar la situación financiera, y ésta a su vez impide acceder a nuevas oportunidades laborales”, señalan.
Multas por consultar el historial crediticio para contrataciones laborales
Bajo la nueva propuesta de reforma a la fracción IX del artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas que consulten o utilicen el historial crediticio como criterio de contratación enfrentarán severas sanciones.
Las multas propuestas oscilan entre los $29,327.50 y los $293,275 pesos, lo que equivale a una sanción de 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
¿En qué punto ha quedado esta iniciativa?
La propuesta ha sido turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
De avanzar sin contratiempos, México se uniría a una tendencia global de protección de datos personales y derechos laborales, obligando a los departamentos de Recursos Humanos a centrar sus evaluaciones exclusivamente en el talento, la experiencia y los méritos académicos de los postulantes.
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