El pasado 19 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó una controvertida reforma que permitirá transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, generó debates entre las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil, al tocar temas tan delicados como la seguridad pública y la militarización del país.
¿En qué consiste la reforma?
La reforma plantea modificar el artículo 129 de la Constitución mexicana, que desde 1857 limita las funciones militares en tiempos de paz. Con la aprobación de esta nueva disposición, la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad creado en 2019 bajo la premisa de tener un mando civil, pasará a ser administrada de forma operativa y administrativa por la SEDENA. Esto implica que sus más de 120 mil elementos estarán bajo el control directo del Ejército, aunque seguirán respondiendo a la justicia civil en caso de cometer infracciones contra civiles.
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Los argumentos a favor de la reforma del Guardia Nacional en la SEDENA
Los partidarios de esta reforma, principalmente del partido Morena y sus aliados, argumentan que este cambio fortalecerá la estrategia de seguridad en México, al proporcionar a la Guardia Nacional una estructura disciplinaria más sólida y prevenir la corrupción y descomposición que afectó a la extinta Policía Federal. La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del grupo parlamentario de Morena, defendió la medida al señalar que la Guardia Nacional bajo el control de la SEDENA garantizará una estrategia integral más efectiva para combatir el crimen organizado en el país.
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El diputado Eruviel Ávila, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó que varios países como Colombia, Italia y Francia cuentan con cuerpos policiales administrados por sus fuerzas armadas, lo que demuestra que la participación del Ejército en tareas de seguridad no es un fenómeno aislado. Además, Ávila subrayó la necesidad de fortalecer a las policías estatales, algo que aún queda pendiente, pero que no debe ser motivo para frenar la reforma.
Las críticas y preocupaciones por la reforma de la Guardia Nacional y la SEDENA
Por otro lado, la oposición ha sido tajante en su rechazo a esta reforma, señalando que representa una peligrosa militarización de la seguridad pública en México. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que la reforma vulnera los principios constitucionales que establecen que las fuerzas armadas deben desempeñar un papel complementario y excepcional en tiempos de paz. La diputada Blanca Leticia Gutiérrez, del PAN, calificó la reforma como un retroceso peligroso que podría incrementar las violaciones a los derechos humanos, ya que prioriza el uso de la fuerza militar sobre la prevención del delito.
Además, se recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había declarado inconstitucional un intento anterior de militarizar la Guardia Nacional mediante modificaciones a las leyes secundarias.
La diputada Lorena Piñón, del PRI, afirmó que la reforma contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estipula que la participación militar en la seguridad pública debe ser extraordinaria, regulada y bajo supervisión civil.
Tras la aprobación en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación. Se espera que el Senado apruebe la reforma, dado que Morena y sus aliados también tienen mayoría en esta cámara.
La reforma ha sido uno de los temas más discutidos en el panorama político actual, ya que toca un nervio sensible en la sociedad mexicana: la seguridad pública. Mientras algunos sectores confían en que el Ejército pueda brindar mayor estabilidad y control en las zonas más afectadas por la violencia, otros temen que esta medida socave los principios democráticos y aumente los riesgos de abuso de poder.
Independientemente del resultado final, esta reforma marcará un antes y un después en la política de seguridad pública en México. La pregunta que queda por resolver es si esta decisión será el remedio efectivo que el país necesita para enfrentar la creciente violencia, o si, por el contrario, agravará aún más los desafíos relacionados con el respeto a los derechos humanos y el control civil de las fuerzas armadas.
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