El lunes 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó a la Cámara de Diputados una serie de reformas para la Constitución. Entre ellas, está una en la que propone que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro suba a rango constitucional. Pero ¿esto qué cambios supondría?
Al decir que se busca elevar Jóvenes Construyendo el Futuro, quiere decir estaría incluido en la ley que se le brinde a sus beneficiarios de manera obligatoria al menos un salario mínimo durante un año.
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La iniciativa que envió el mandatario implica añadir un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución que dice lo siguiente:
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"El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando en alguno de los niveles educativos, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley".
¿Qué cambiaría si Jóvenes Construyendo el Futuro sube a nivel constitucional?
Actualmente el apoyo económico mensual para los jóvenes inscritos en este programa es de 6 mil 310 pesos. Además, también derecho a beneficios como seguro contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo..
De subir a rango constitucional Jóvenes Construyendo el Futuro, las empresas y negocios en México tendrían que afiliarse al programa para garantizar las oportunidades a todos los jóvenes. Y a su vez, implicaría que sería un derecho irrenunciable de las personas entre 18 y 29 años, el recibir un salario y capacitación.
Subir de rango Jóvenes Construyendo el Futuro comprometería a las finanzas públicas
Una de las críticas que le hacen al programa de AMLO es que no hay cifras que demuestren la cantidad de personas que se incorporaron al mercado laboral tras ser beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Es por eso que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), este cambio legislativo pondría una presión adicional en las finanzas públicas del país.
"Es decir, se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada", detalló el