La diputada morenista Juanita Guerra Mena, quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, anunció la presentación de una iniciativa legislativa con el objetivo de combatir la extorsión telefónica en México, involucrando directamente a los proveedores de los sistemas de telefonía, como Telcel, AT&T, Movistar, etc.
La propuesta busca reforzar y mejorar los acuerdos de colaboración entre instituciones para desalentar y castigar este delito que afecta a miles de personas en el país. Sin embargo, el documento carece de precisiones, pues aborda que las empresas de telecomunicaciones deberán proporcionar a las autoridades el listado de números reportados, omitiendo la presunción de inocencia.
Te podría interesar
De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, en un comunicado, la normatividad vigente establece que los proveedores de telecomunicaciones deben proporcionar a las autoridades información sobre los dispositivos móviles y la ubicación digital de las líneas telefónicas solicitadas para investigaciones. No obstante, debido a un vacío legal en la redacción de la ley, no se obliga a la autoridad investigadora a solicitar información o la desactivación de los dispositivos o líneas telefónicas utilizadas en la comisión de delitos, lo que ha llevado a que este mecanismo de cooperación sea poco efectivo.
Te podría interesar
En ese sentido, la diputada resaltó la necesidad de actualizar la normativa jurídica y fomentar la coordinación entre autoridades y proveedores de telecomunicaciones para erradicar este delito.
¿Qué se busca reformar?
La iniciativa propone dos reformas fundamentales. En primer lugar, se busca modificar la Ley de la Fiscalía General de la República para que esta institución de procuración de justicia esté obligada a requerir mensualmente a los proveedores de telecomunicaciones la cancelación de las líneas telefónicas reportadas como utilizadas para extorsión, e inhabilitar el dispositivo móvil de forma permanente.
"Solicitar y recibir de las personas concesionarias de telecomunicaciones, así como de las personas autorizadas y personas proveedoras de servicios de aplicacio´n y contenido, la localizacio´n geográfica en tiempo real de los equipos de comunicacio´n mo´vil y los datos conservados, en los te´rminos de las disposiciones aplicables, requiriendo periódicamente, la cancelación del servicio de líneas de comunicación móvil reportadas al 089, de conformidad con los convenios y mecanismos correspondientes para estos fines;"
El segundo punto propone agregar disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que una vez recibida la solicitud de cancelación del servicio de una línea telefónica y la inhabilitación del dispositivo por medio del IMEI, los proveedores actúen de manera inmediata y efectiva.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2021 se reportó una cifra récord de 9,407 víctimas de extorsión en el país. La entidad más afectada es Zacatecas, seguida de Quintana Roo, Tabasco y Ciudad de México.
La iniciativa presentada por la diputada aún se encuentra en el tintero del Congreso en espera de ser discutida; no obstante, existen organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que constantemente se han manifestado en contra de padrones de registro pues estas prácticas podrían poner en riesgo los datos de la población y terminar en el mercado negro.
Sigue a Heraldo Binario en Google News, dale CLIC AQUÍ.