La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Banco de México (ABM) trabajarán en conjunto para denunciar los delitos de los montadeudas y preparan una ley para tipificar el fraude.
Las autoridades financieras informaron que trabajan en el diseño de denuncias conjuntas contra este tipo de empresas bajo los delitos de extorsión, evasión fiscal y suplantación de identidad, entre otros.
El presidente de la Asociación de Banco de México (ABM), Daniel Becker Feldman, aseguró que también se encuentran colaborando con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para “bajar” páginas web que ofrecen este tipo de préstamos exprés, conocidos también como “créditos a cuenta gota”.
“Es probable que próximamente haya una ley con características muy punitivas para aquellos personajes que sean identificados haciendo montadeudas”, aseguró Becker Feldman.
¿En qué consiste la estrategia conjunta de las autoridades financieras?
Pese a que el delito ha crecido exponencialmente, hasta el momento existen pocas denuncias por parte de los afectados, por esta razón, las autoridades planean manejar el argumento de que los montadeudas han afectado a la hacienda pública al no pagar impuestos. Además, los perseguirán por delitos como la extorsión y la suplantación de identidad.
La estrategia de las autoridades consiste en que al no contar con suficientes denuncias en contra de este tipo de delincuentes, la PFF tomará el papel de víctima en representación del Estado. De esta manera, los delitos financieros en su contra requerirán la opinión de la CNBV sobre su procedencia.
Por su parte, la banca comercial ha intensificado la identificación y “baja” de páginas que ofrecen créditos, pero que a partir de engaños comenten fraudes contra la población, mayormente, de bajos recursos.
El modus operandi de estos delincuentes es otorgar los créditos exprés sin revisar buró, comprobar ingresos o dejar un aval. El requisito para las víctimas es que otorguen acceso a todos los servicios de su dispositivo móvil. A pesar de que las víctimas quedan de acuerdo con los supuestos prestamistas en cierto porcentaje de interés, los delincuentes llegan a cobrar hasta 3,000 pesos por cada día que las personas tardan en hacer un pago. Si una persona se atrasa en un día de pago, se amenaza con enviar su información en redes o WhatsApp a familiares y amigos exponiendo que se tiene una deuda.
Sigue a Heraldo Binario en Google News, dale CLIC AQUÍ.