En la entrega anterior describí el “switch”: la carta de las 17:21 horas de la tarde que arrebató a Fable 5, uno de los modelos más avanzados del planeta, de todo el que no fuera estadounidense y la razón por la que ese gesto, lejos de fortalecer a quien lo accionó, lo debilita.
Quedó una pregunta sobre la mesa: qué debería hacer México. Antes de responderla conviene mirar de frente a lo que pasó, porque de esa lectura depende la respuesta. Y hay dos lecturas que no podrían ser más distintas.
Dos maneras de leer el mismo apagón
The Economist le dedicó la portada. Su veredicto cabe en trece palabras que vale la pena tomar en serio: la inteligencia artificial le entregó a Estados Unidos un poder nuevo y descomunal. Mientras medio mundo leía el triste acuerdo con Irán como señal del declive estadounidense, la revista vio lo contrario. Washington, dice, es hoy el guardián de los modelos de frontera (“cutting edge”), de casi todo el poder de cómputo del planeta y puede decidir quién tiene acceso a ellos y quién no.
Hasta ahí, difícil discutirle. El problema es lo que la revista hace después con esa idea: la convierte en consejo. Si Estados Unidos manda, entonces el resto del mundo debe dejar de quejarse y construir capacidad propia, y mientras tanto resignarse a un futuro jerarquizado donde las mejores tecnologías se asignan al Pentágono, una versión apenas inferior a los aliados de confianza, y para todos los demás habrá un modelo de inteligencia artificial (IA) disminuido y vigilado.
El tono es de admiración serena. Así es el poder, parece decir la revista, acomódense. Yo leo lo mismo, pero veo otra cosa. Veo a un gobierno que confunde el poder para apagar algo, con el conocimiento para controlarlo. Porque apagar el “switch” le salió caro a quien lo hizo. Empujó a los clientes de las empresas estadounidenses a mirar hacia los proveedores chinos.
Convenció a los aliados de su país que más les vale emanciparse y obligó a una empresa norteamericana a desconectar su mejor producto en todo el mundo, incluidos sus empleados. Eso no es una doctrina de seguridad nacional, es un berrinche que tiene consecuencias y conviene no confundir los conceptos, porque nadie aprende a obedecer a partir de uno; aprende a no quedar a merced del berrinchudo.
Y no se trata de daños abstractos, la orden de “apagar” Fable 5 no eximió siquiera a los socios de inteligencia más íntimos de Estados Unidos. Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, sus aliados en la alianza de los “Cinco Ojos”, quedaron afuera igual que cualquier otro.
El propio instituto británico de seguridad de IA, el organismo que el mundo usa para auditar y poner a prueba estos modelos, perdió el acceso a la herramienta que tenía que vigilar. Cuando una medida de seguridad nacional deja ciego al que cuida la puerta, algo se pensó al revés.
Vale la pena recordar, además, que el pleito no nació de una vulnerabilidad de Fable 5. Meses antes, el Pentágono ya había declarado a Anthropic un “riesgo para la cadena de suministro” porque la empresa se negó a que sus modelos se usaran para accionar armas autónomas y apoyar la vigilancia masiva de ciudadanos.
Anthropic demandó al gobierno. La misma compañía a la que ahora se le prohíbe exportar su tecnología está litigando contra el firmante de la prohibición. Quien lee el episodio como ajedrez geopolítico le concede demasiado crédito. Se parece más a un ajuste de cuentas.
Un poder sin reglas
Aquí entro en el terreno del derecho, donde el episodio se vuelve más inquietante. La carta llegó sin justificación pública. El mundo se enteró no por el gobierno, sino porque la propia Anthropic la dio a conocer. No hubo aviso previo. No hubo un estándar definido de antemano. No hubo manera de impugnar su contenido.
Un análisis publicado en la revista Lawfare lo señaló con precisión jurídica: la medida atropella principios elementales del estado de derecho, empezando por el más básico de todos que es que el afectado pueda conocer la norma que se le aplica.
Dean Ball, experto en política de IA, jefe de Futuros Estratégicos en OpenAI y quien trabajó en la administración Trump, la describió como caricaturesca. El mismo gobierno que autorizó vender chips avanzados a China le prohibió a Gran Bretaña, su aliado más cercano, usar el mejor modelo estadounidense.
Para un abogado, esa es la parte que no se puede ignorar. Cuando el estado más poderoso de la tierra ejerce un poder de esta magnitud sin que le aplique regla alguna, sin debido proceso y sin admitir recurso alguno contra sus actos, la lección para todos los que estamos río abajo no es “sométanse”.
Es otra, más sobria: no construyas nada de importancia crítica sobre cimientos cuyo dueño puede moverlos sin avisarte y sin que exista un foro donde reclamarle. Más que un riesgo geopolítico, la dependencia de IA es un riesgo legal. Y los riesgos legales no se administran con admiración, se administran con contratos.
La empresa que ayudó a tejer su propia jaula
Hay una ironía en todo esto que merece atención, sobre todo por quienes invierten en tecnología o la financian. Anthropic se pasó años advirtiendo públicamente que sus modelos eran peligrosos, casi armas. El Financial Times lo comprobó con números: este año, cinco de cada mil palabras que la empresa publicó tocaban el tema del riesgo o de la regulación, ocho veces más que su rival OpenAI.
El gobierno le tomó la palabra y trató su producto como lo que la propia empresa decía que era, un explosivo que había que confiscar. Días antes del apagón, el director de Anthropic había publicado un texto pidiendo “regulación seria y vinculante”. La obtuvo. Solo que mucho más cruda de lo que imaginaba.
La lección trasciende al caso. La manera en que una empresa narra los riesgos implícitos en sus productos dejó de ser un asunto de mercadotecnia. Es hoy una variable regulatoria y, por lo tanto, una variable que impacta la valuación y el cierre de operaciones.
Anthropic prepara su salida a bolsa con una valuación cercana al “trillion” de dólares y acaba de mostrarles a sus futuros inversionistas que su producto estrella puede desaparecer del mercado con base en una simple carta. Quien compra o financia tecnología tendrá que leer los comunicados de seguridad de una compañía con el mismo cuidado con que lee sus estados financieros. Lo que una empresa declara peligroso, un gobierno puede declararlo confiscable.
Qué puede hacer México sin fingir que será una potencia de IA
Cierro donde mi columna anterior dejó la pregunta “¿qué hace México?” Empiezo por descartar la respuesta que sonaría bien en un discurso. No vamos a construir nuestro propio modelo de frontera (“cutting edge”), al menos no en esta década, y prometerlo sería mentir. La meta realista no es la autonomía. Es la resiliencia: la capacidad de seguir funcionando el día en que alguien más, en otro país, accione su interruptor.
Y la resiliencia, conviene entenderlo, se compra primero en los contratos y no en los centros de datos. La dependencia por una entidad pública de una plataforma extranjera de IA debería pactarse con cláusulas de continuidad, con depósitos en garantía del código o de los pesos (“weights”) del modelo cuando sea posible, con derechos claros de salida y de portabilidad de datos y con una regla estricta que prohíba estandarizar un servicio crítico en un solo proveedor, de un solo país.
El SAT, el sistema de pagos, las plataformas de salud no pueden depender de un único modelo proveniente de una única jurisdicción. Eso no exige genios ni miles de millones. Exige conocimiento del derecho administrativo y voluntad para negociar. Está a nuestro alcance hoy.
México, además, tiene una carta que los europeos envidian: su integración con Estados Unidos. La lógica que describe The Economist y que menciono arriba: mejores tecnologías para los aliados de confianza, es una negociación, no una condena. El T-MEC, el “nearshoring” y la profundidad de la relación comercial son justamente lo que se coloca sobre la mesa para negociar un acceso preferente, en lugar de esperar a que nos apaguen el uso de IA junto con el resto del mundo.
Esa conversación ya está ocurriendo entre Washington y sus aliados. México debería estar sentado en ella. No lo está, y nadie en el debate internacional nos menciona, no porque nos hayan olvidado, sino porque no hemos dado motivo para incluirnos.
Y para todo aquello que no requiere utilizar el modelo de IA más capaz del planeta, que es la inmensa mayoría de los usos públicos, los modelos de código abierto alojados en infraestructura nacional pueden ser un seguro modesto y asequible. No es glamoroso, pero es funcional. Y a veces lo funcional es justo lo que separa a un país que decide de uno que solo reacciona.
La postura que falta
The Economist nos invita a admirar el poder ajeno y a acomodarnos a su sombra. Es un consejo cómodo para quien lo escribe desde Londres, con cómputo, talento y empresas de IA propias como respaldo. Desde México el panorama es distinto.
El verdadero riesgo para México no es que un viernes por la tarde alguien apague la luz de un modelo del que dependemos. Ese día va a llegar, y ahora lo sabemos. El riesgo es que ese viernes nos encuentre sin haber decidido nada. La admiración no es una política. La queja tampoco. La única postura digna para la próxima vez que alguien apague su “switch” del otro lado de la frontera, es haber colocado a tiempo una mano mexicana cerca del nuestro.
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Por Emilio Carrillo Peñafiel, abogado especializado en temas de financiamiento, tecnología y M&A.
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