En 2022, el gobierno de Nigeria lanzó el e-Naira con gran fanfarria. Era, según sus promotores, la moneda digital del futuro: eficiente, incluyente, moderna. Un año después, menos del medio por ciento de la población lo había usado. Para obligar a la gente a adoptarlo, el banco central restringió el retiro de efectivo a 45 dólares semanales.
La respuesta ciudadana fue inmediata: protestas callejeras, cajeros automáticos vandalizados y una fuga masiva hacia el dólar en efectivo y el Bitcoin. El gobierno había inventado dinero que nadie quería y luego había intentado forzar a su pueblo a usarlo. El resultado fue exactamente el que merecía.
Esa historia nigeriana no es una anomalía. Es el resumen perfecto del problema global con las monedas digitales de banco central, conocidas por sus siglas en inglés: CBDC. En casi todos los países donde se han impulsado, la historia es variación del mismo tema: anuncio grandioso, adopción mínima, desconfianza masiva.
Sin embargo, los bancos centrales del mundo siguen invirtiendo miles de millones de dólares en su desarrollo. La pregunta no es por qué fracasan. La pregunta es por qué nadie en los círculos del poder parece entender por qué fracasan.
Una solución en busca de problema
El argumento oficial a favor de los CBDC suena razonable. Los bancos centrales quieren modernizar el sistema de pagos, reducir la dependencia de redes privadas como Visa y Mastercard, combatir el lavado de dinero y —el argumento más noble— incluir financieramente a quienes no tienen cuenta bancaria.
El problema es que ninguno de esos objetivos requiere una CBDC. Los pagos ya son rápidos y baratos en la mayoría de los países con infraestructura digital decente. En México, el SPEI transfiere dinero en segundos, las 24 horas, los 365 días del año, y es gratuito.
En Brasil, el PIX (algo similar a nuestro SPEI) ha transformado la economía informal sin que Brasilia necesitara inventar una nueva forma de dinero. La inclusión financiera —el argumento oficial más fuerte a favor de los CBDC— se puede lograr regulando mejor las billeteras electrónicas privadas, no construyendo una infraestructura estatal paralela que costará décadas perfeccionar.
Cuando una solución tecnológica no puede identificar con claridad el problema que resuelve, no es una innovación. Es un proyecto en busca de justificación.
El elefante en la sala: el control
Hay una razón por la que los CBDC surgieron con fuerza justo cuando Bitcoin y las criptomonedas empezaban a representar una amenaza real al monopolio monetario de los estados. No es conspiración; es política institucional básica. Los bancos centrales vieron que el mundo estaba construyendo sistemas de valor paralelos, fuera de su jurisdicción, y reaccionaron.
Pero al hacerlo, pusieron sobre la mesa algo que el público —con buen instinto— notó de inmediato: un CBDC es dinero programable. Y dinero programable es dinero que puede tener condiciones.
Puede tener fecha de expiración. Puede estar restringido a ciertos tipos de compras. Puede ser bloqueado si el titular cae en desgracia con las autoridades. Puede ser rastreado, transacción por transacción, en tiempo real, sin orden judicial, sin intermediario privado que actúe como escudo.
Los defensores de los CBDC responden que ningún gobierno democrático haría eso. Puede ser que tengan razón. Pero la arquitectura técnica lo permitiría. Y en un mundo donde la confianza en las instituciones está en mínimos históricos, pedir al público que confíe en la buena voluntad permanente de sus gobernantes para no abusar de esa herramienta es, en el mejor de los casos, ingenuo.
El e-CNY chino, el proyecto más avanzado del mundo en este rubro, no ayudó a calmar esos temores. Beijing lo usa como palanca de vigilancia financiera total, vinculado al sistema de crédito social. Ese es el ejemplo más visible de un CBDC funcionando a plena capacidad. Y es exactamente la pesadilla que el público occidental teme.
Los bancos: el enemigo interno
Hay otro actor en esta historia que rara vez aparece en los comunicados oficiales: los bancos comerciales. Y los bancos odian los CBDC con una intensidad que haría palidecer a cualquier cripto-entusiasta.
La razón es obvia. Si la gente puede guardar su dinero directamente en el banco central —sin intermediarios, sin comisiones, sin riesgos de quiebra bancaria—, los depósitos en bancos privados se evaporan. Y los depósitos son la materia prima con la que los bancos fabrican crédito. Sin depósitos, no hay préstamos. Sin préstamos, no hay banco.
Por eso, cuando los diseñadores del euro digital propusieron que cada europeo pudiera tener hasta 3,000 euros en su billetera digital del Banco Central Europeo en las propuestas más discutidas, los bancos del continente pusieron el grito en el cielo. Las pláticas apuntan a límites tan bajos que podrían hacer el CBDC europeo una herramienta casi inútil para cualquier uso cotidiano. El Banco Central Europeo lleva años en “fase de investigación” sin poder avanzar, atrapado entre lo que técnicamente querría hacer y lo que políticamente puede permitirse.
El lobby bancario ha conseguido algo paradójico: obligar a los bancos centrales a diseñar productos deliberadamente mediocres. Un CBDC diluido no le sirve a nadie, pero tampoco amenaza a nadie. Es el peor de los mundos.
El problema que nadie puede resolver con un manual de comunicación
Los promotores de los CBDC tienen un diagnóstico equivocado sobre su fracaso. Creen que es un problema de imagen, de narrativa mal manejada, de público desinformado que cae en teorías conspirativas. Invierten en campañas explicativas, en influencers financieros, en foros de “educación ciudadana”. El resultado es siempre el mismo.
No es un problema de comunicación. Es un problema de sustancia. El público intuye, con razón, que los CBDC resuelven problemas de los bancos centrales, no problemas de los ciudadanos. Intuye que el control que hoy se presenta como benigno puede no serlo mañana, bajo un gobierno diferente, en circunstancias diferentes. Intuye que nadie le está pidiendo su opinión sobre si quiere que el Estado tenga acceso total a su historial de transacciones. Por eso es que le están preguntando si le gusta la interfaz.
Esa desconfianza no es ignorancia. Es memoria. Es la memoria de inflaciones, de corralitos, de pesificaciones, de décadas de promesas monetarias rotas. En América Latina especialmente, esa memoria está grabada a sangre y fuego. Pedirnos que entreguemos más control sobre nuestro dinero a las mismas instituciones que lo han devaluado, congelado o confiscado requiere algo más que una buena campaña de relaciones públicas.
Lo que viene —y lo que debería venir
Los CBDC no van a desaparecer. Los bancos centrales tienen demasiado invertido —tanto en ego institucional como en recursos— para abandonarlos. Lo más probable es que evolucionen hacia un uso mayorista: herramientas para liquidación entre bancos, para transacciones intergubernamentales, para plomería financiera que el ciudadano nunca verá. Ese uso tiene sentido técnico y no amenaza libertades individuales. Es aburrido, útil y completamente distinto a lo que los comunicados oficiales han prometido.
El euro digital para el ciudadano de a pie, el yuan digital como instrumento de inclusión, el CBDC universal que democratizará el acceso financiero —esas versiones ya perdieron la batalla narrativa y, más importante, la batalla de la confianza.
Lo que debería venir, en cambio, es una conversación honesta. No sobre si los CBDC son técnicamente posibles —lo son—, sino sobre quién se beneficia realmente de su diseño, bajo qué condiciones el Estado tendría acceso a los datos que genere su uso, qué salvaguardas legales son no-negociables y quién decide cuando esas salvaguardas entran en conflicto con los intereses del gobierno en turno.
Esa conversación todavía no ha ocurrido en ningún país del mundo. En su lugar, hemos tenido presentaciones de PowerPoint, pruebas piloto fallidas y, en Nigeria, cajeros quemados.
El dinero es poder. Siempre lo ha sido. La pregunta con los CBDC no es si queremos dinero digital —ya lo tenemos, ya lo usamos todos los días. La pregunta es quién controla sus términos de uso. Y mientras esa pregunta no tenga una respuesta clara, el público seguirá haciendo lo que siempre hace cuando no confía en quien le habla: votar con los pies. O en este caso, con la cartera.
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Por Emilio Carrillo Peñafiel, abogado especializado en temas de financiamiento, tecnología y M&A.
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