Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales en México, se han impulsado nuevas reformas orientadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tanto dentro como fuera del entorno laboral. Una de las iniciativas que entró en vigor en 2025 es la conocida Ley Silla.
Esta nueva legislación establece medidas en beneficio de los empleados, en especial de aquellos que realizan sus actividades de pie durante largos periodos. De acuerdo con la Ley Silla, los empleadores están obligados a proporcionar sillas con respaldo a su personal, y a permitir descansos sentados durante los momentos en que no se afecte el funcionamiento del negocio.
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Aunque los tiempos mínimos de descanso no están estipulados de forma rígida, especialistas en salud ocupacional recomiendan al menos cinco minutos de descanso por cada hora trabajada, con especial atención en turnos que superen las seis horas continuas.
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Cabe destacar que esta ley es obligatoria para todas las industrias, incluyendo las del sector privado. Esto implica a empresas como supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, centros de atención telefónica (call centers), hoteles, restaurantes, entre otros.
¿Cuándo entró en vigor la Ley Silla?
La Ley Silla entró en vigor oficialmente el 17 de junio de 2025, como parte de una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reconoce el derecho de millones de trabajadoras y trabajadores a sentarse durante su jornada laboral, especialmente en puestos que tradicionalmente implican estar de pie por periodos prolongados.
Esta medida busca proteger la salud física de los empleados y fomentar condiciones laborales más humanas y seguras. Con estas reformas, México avanza hacia los estándares internacionales que promueven entornos laborales más dignos, saludables y respetuosos de los derechos humanos.
¿Cuánto es la multa por incumplimiento y dónde se puede denunciar?
Al ser una reforma legal vigente, las empresas que no cumplan con la Ley Silla pueden ser sancionadas con multas que van de 250 a 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En caso de reincidencia, las autoridades pueden imponer sanciones más severas, como la suspensión temporal de actividades.
Los trabajadores que no reciban este derecho pueden presentar una denuncia de forma anónima ante instituciones encargadas de proteger los derechos laborales, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).