El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) acaba de publicar una de las investigaciones más ambiciosas sobre el mundo de las criptomonedas: “The Coin Laundry” (La Lavandería de Monedas).
Durante diez meses, el ICIJ y 37 medios asociados en 35 países siguieron el rastro del dinero sucio a través de blockchains, revelando cómo algunas de las criptobolsas más grandes del mundo se han convertido en autopistas para el lavado de dinero, mientras las víctimas de estafas y robos cibernéticos pierden sus aspiraciones de que se les haga justicia.
Los hallazgos de esta investigación liderada por el reportero Spencer Woodman y el equipo del ICIJ bajo la dirección de Gerard Ryle no solo documentan las fallas sistémicas en la industria de las criptomonedas, sino que también ponen rostro humano a una crisis financiera que está arruinando vidas en todo el planeta.
Lo que descubrieron debería alarmar a cualquier persona que confíe en estas plataformas o que crea en la promesa de que las criptomonedas representan un sistema financiero más transparente.
Cuando los monitores no monitoreaban nada
El caso más emblemático documentado por el ICIJ involucra a Binance, la criptobolsa más grande del mundo, y a Huione Group, una institución financiera camboyana. Los periodistas descubrieron que hasta julio de 2025, Huione Group estaba enviando aproximadamente un millón de dólares diarios en la criptomoneda Tether a cuentas abiertas en Binance.
Lo verdaderamente escandaloso es que esto ocurrió dos meses después de que las autoridades estadounidenses etiquetaran a Huione Group como una “preocupación primordial de lavado de dinero”. En total, la investigación del ICIJ reveló que más de 408 millones de dólares fluyeron hacia cuentas de clientes en Binance entre julio de 2024 y julio de 2025.
Estos cientos de millones circularon mientras la compañía supuestamente estaba bajo la supervisión de dos monitores designados por las cortes estadounidenses como parte del acuerdo de culpabilidad que Binance alcanzó en noviembre de 2023 por violar las leyes de ese país contra el lavado de dinero.
En ese acuerdo, aceptó pagar 4.3 mil millones de dólares, una de las multas corporativas más grandes impuestas en la historia de Estados Unidos. Pero Binance no está sola en esta narrativa de negligencia sistemática.
El análisis del ICIJ encontró que al menos 226 millones de dólares también fluyeron hacia cuentas de clientes en OKX, otra criptobolsa, provenientes de Huione Group durante los cinco meses siguientes a aquel en que OKX se declarara culpable en Estados Unidos, en febrero pasado, de operar como transmisor de dinero sin contar con la licencia correspondiente.
OKX acordó pagar más de 504 millones de dólares en multas. Al igual que en el caso de Binance, las transferencias desde Huione Group a OKH continuaron incluso después de su designación en mayo pasado como otra “preocupación primordial de lavado de dinero”.
Estos datos plantean una pregunta fundamental: ¿de qué sirven los acuerdos judiciales, las multas millonarias y los monitores designados por tribunales si el flujo de dinero ilícito continúa ininterrumpido?
La arquitectura invisible del crimen
Los periodistas del ICIJ no se limitaron a señalar a las grandes plataformas. También examinaron lo que ellos describen como una “constelación sombría” de los llamados “cash desks” y servicios diversos de mensajería que permiten a las personas convertir enormes sumas de criptomonedas en efectivo de forma anónima, fuera del radar de los reguladores financieros.
Estos puntos de operación, encontrados en Hong Kong, Toronto, Londres, Estambul y otras ciudades, representan un nuevo y prácticamente desregulado epicentro para el lavado de dinero.
Para ilustrar cómo las criptomonedas están facilitando esquemas fraudulentos a escala masiva, el ICIJ y sus socios examinaron un supuesto esquema piramidal tipo Ponzi que estafó a víctimas en todo el mundo. Su cerebro, Vladimir Okhotnikov, de 47 años, está acusado de usar una plataforma de inversión en criptomonedas manipulada, con la cual robó al menos 340 millones de dólares a inversionistas entre 2020 y 2022.
Los fiscales estadounidenses acusaron formalmente a Okhotnikov en 2023 por esta supuesta estafa, pero él permanece libre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde donde continúa operando esquemas similares.
Estos son promovidos con eventos ostentosos llenos de celebridades, campañas en redes sociales y hasta una película coescrita por el propio Okhotnikov y dirigida por el ganador del Oscar Kevin Spacey, que se estrenará este mes de diciembre. La audacia del personaje es tan asombrosa como la incapacidad del sistema legal internacional para detenerlo.
El mito de la transparencia blockchain
Los defensores de las criptomonedas solemos argumentar que las monedas y tokens digitales son más fáciles de monitorear que el dinero emitido por gobiernos porque las transacciones se registran en una blockchain. La investigación del ICIJ desmonta sistemáticamente este argumento. Si bien es cierto que las transacciones quedan registradas, la realidad es mucho más compleja.
Las transacciones complejas de criptomonedas pueden ser extremadamente difíciles de rastrear para las autoridades porque muchas pasan a través de billeteras digitales anónimas. Herramientas como los “swappers” —software que permite a los usuarios cambiar automáticamente de una criptomoneda a otra sin mediar una verificación de identidad— incrementan aún más la dificultad del rastreo.
Los recursos necesarios para rastrear transacciones con precisión hacen que la tarea sea difícil tanto para las criptobolsas como para las fuerzas del orden.
Más de una docena de ex–trabajadores especializados en cumplimiento normativo (“compliance”) en las principales criptobolsas, incluidos OKX y Binance, declararon al ICIJ y a su socio The Toronto Star que apenas podían seguir el ritmo de los criminales sofisticados. La brecha entre la velocidad del crimen y la capacidad de respuesta es cada vez mayor.
Un mosaico regulatorio que no protege a nadie
En teoría, es trabajo de los reguladores en todo el mundo asegurarse de que las criptobolsas y demás empresas que operan con criptomonedas cumplan con sus obligaciones legales para combatir el lavado de dinero. Pero en la práctica, un mosaico de leyes distintas y esfuerzos de aplicación fragmentados, a menudo implican menor supervisión gubernamental para una industria donde los actores más grandes operaron decenas de billones de dólares el año pasado.
Un análisis del ICIJ muestra que las autoridades en todo el mundo han impuesto al menos 5.8 mil millones de dólares en multas, penalizaciones y acuerdos hasta ahora contra criptobolsas. Mientras tanto, las pérdidas relacionadas con criptomonedas para consumidores y empresas siguen aumentando.
Solo en Estados Unidos, el FBI estima que los estadounidenses perdieron 9.3 mil millones de dólares por crímenes relacionados con criptomonedas en 2024, un aumento del 67 por ciento respecto a 2023. Eso es aproximadamente la mitad de la cantidad que el criminal financiero Bernie Madoff robó de inversionistas durante sus cuatro décadas de operar un esquema tipo Ponzi.
La comparación con Madoff es reveladora. Lo que a Madoff le tomó cuarenta años acumular, la industria de las criptomonedas lo está duplicando en cuestión de años, pero con una diferencia crucial: mientras que Madoff eventualmente fue capturado y encarcelado, la arquitectura descentralizada y transnacional de las criptomonedas hace que la justicia sea esquiva para la inmensa mayoría de las víctimas.
Las víctimas invisibles
Alona Katz, jefa de la Unidad de Monedas Virtuales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, está en la primera línea de esta batalla desigual. Muchos de quienes trabajan contra el cibercrimen dicen que carecen del entrenamiento necesario para rastrear criptomonedas robadas. E incluso aquellos que sí lo tienen, como Katz, rara vez pueden recuperar los fondos robados a las víctimas, en parte porque los presuntos estafadores a menudo se encuentran en países más allá de su jurisdicción.
Las palabras de Katz, recogidas por los periodistas del ICIJ, son desgarradoras y merecen ser citadas en su totalidad (traducción propia): “…es más devastador de lo que puedo expresar con palabras. He hablado con personas de 80 años que se están preparando para declararse en bancarrota por primera vez... adultos jóvenes que pensaron que estaban ayudando a su familia y vaciaron la cuenta bancaria de sus parientes.
Cuando eres el portador de las malas noticias, de que todo por lo que han trabajado durante toda su vida, su vida entera misma, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, quiero decir, no hay palabras adecuadas.”
Esta dimensión humana de la crisis es quizás la más importante y la más ignorada. Detrás de cada una de esas pérdidas astronómicas hay personas reales: jubilados que perdieron sus ahorros de toda la vida, familias destruidas financieramente, jóvenes que cayeron en estafas sofisticadas. Los periodistas del ICIJ entrevistaron a docenas de víctimas de estafas en 12 países que transfirieron sus criptomonedas hasta algunas de las criptobolsas más grandes del mundo.
El momento político más inoportuno
La investigación del ICIJ profundiza sobre las formas en que los criminales explotan los mecanismos y vulnerabilidades de las finanzas descentralizadas, llega en un momento crítico en el debate global en torno a la forma de detener el flujo de dinero sucio en criptomonedas. Las reglas de protección al consumidor y transparencia financiera entraron en vigor en Europa a finales de 2024, pero los defensores de los consumidores dicen que no son suficientes para proteger a los usuarios.
En Estados Unidos, la situación es aún más preocupante. El presidente Donald Trump ha operado una reversión de la aplicación de la ley contra la industria de las criptomonedas, incluyendo su perdón el pasado octubre a Changpeng Zhao (también conocido como “CZ”), fundador de Binance, quien estuvo preso después de que él y su compañía se declararan culpables de violar las leyes contra el lavado de dinero.
Este perdón presidencial envía un mensaje peligroso: el que las violaciones masivas y sistemáticas de las leyes contra el lavado de dinero pueden perdonarse si se cuenta con suficiente influencia política. Mientras tanto, las víctimas que perdieron sus ahorros no tienen a quién acudir.
La necesidad urgente de acción
La investigación “The Coin Laundry” del ICIJ no es simplemente un ejercicio periodístico impresionante, aunque ciertamente lo es. Es un llamado urgente a la acción para reguladores, legisladores y el público en general. Las criptomonedas no son inherentemente malignas, pero la ausencia tanto de regulación eficaz como de aplicación de la ley las ha convertido en el vehículo perfecto para el traslado y lavado de fondos del crimen organizado transnacional.
Lo que se necesita es un enfoque coordinado internacionalmente que incluya estándares mínimos de verificación de identidad, cooperación transfronteriza eficaz entre agencias reguladoras y de aplicación de la ley, recursos suficientes para rastrear transacciones complejas y lo más importante, mecanismos reales de recuperación de activos en beneficio de las víctimas.
Mientras tanto, cualquier persona que considere invertir en criptomonedas o usar los servicios de las criptobolsas debe hacerlo con plena conciencia de que está entrando en un ecosistema donde el crimen prospera, donde los estafadores operan con impunidad y donde si algo sale mal, las posibilidades de recuperar su dinero son prácticamente nulas.
El trabajo del ICIJ y sus 37 medios asociados ilumina un rincón oscuro de la economía global. Ahora corresponde a las autoridades actuar sobre esta información. Porque cada día que pasa sin una regulación eficaz, más personas en todo el mundo están perdiendo sus ahorros “en un abrir y cerrar de ojos”, como dice Alona Katz. Y eso es una tragedia que no podemos seguir ignorando.
Precio de Bitcoin de hoy
Puede ver el precio de hoy de Bitcoin aquí, así como también el precio de hoy de Ethereum y de las principales criptomonedas. El artículo completo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) puede consultarse en esta liga. Por Emilio Carrillo Peñafiel, socio de Pérez Correa-González, abogado especializado en temas de financiamiento, tecnología y fusiones y adquisiciones.
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